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05/05/2012

El Consejo de Ministros ha presentado un real decreto de medidas urgentes de carácter ambiental que afectan a materias como el agua, los residuos, los espacios protegidos y el comercio de CO2

El Consejo de Ministros ha presentado un real decreto de medidas urgentes de carácter ambiental que afectan a materias como el agua, los residuos, los espacios protegidos y el comercio de CO2. En primer lugar, el Estado, tal y como una sentencia del Tribunal Constitucional reconocía, ha recuperado las ompetencias sobre los ríos que el anterior Gobierno del PSOE dio a las comunidades autónomas.

Las funciones sancionadoras en las cuencas hidrográficas que pasan por varias comunidades vuelven de este modo completamente a manos del Estado. El Gobierno ha derogado el real decreto que, desde el año pasado, otorgaba las competencias de policía de dominio público hidráulico a las comunidades autónomas que así lo tenían recogido en sus estatutos de autonomía.

Además estas modificaciones sobre la vigilancia de los ríos, el Gobierno ha presentado otros cambios legislativos. En materia de aguas, también ha cambiado la legislación en materia de aguas subterráneas con el objetivo, dice, de reaccionar mejor a situaciones de emergencias, como las sequías.

A cambio de renunciar a parte del caudal, podrá haber compra y venta de derechos de agua entre los regantes que usan aguas subterráneas, como las del sobreexplotado acuífero 23, que yace bajo el Parque Nacional de Daimiel y que ha perdido gran parte de sus recursos debido a la existencia de miles de pozos ilegales.

Para los ecologistas, es un error. "Olvida esta modificación legal que haymuchas más concesiones de uso que recurso, esto es, que no hay agua suficiente para todos los usos aprobados. Por tanto, permitir esta venta directa sólo incrementará la presión sobre un acuífero ya sobreexplotado. Además, se trata de una medida que ya se ha puesto en práctica en dos ocasiones en el pasado, por diferentes gobiernos, y el resultado siempre ha sido muy negativo", afirman Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y SEO/BirdLife en un comunicado.

No sólo materia de agua

Además de estas modificaciones, el Gobierno ha aprobado medidas urgentes en otras áreas ambientales que afectan a la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley del Mercado de Valores en lo que tienen que ver con las subastas de derechos de emisión de gases de CO2 ligados al cambio climático.

Respecto a la Ley de Patrimonio, el Gobierno quiere simplificar lasfiguras legales de protección que a menudo se solapan en un mismo territorio. Es habitual que algunos lugares de valor biológico tengan varias calificaciones de protección concedidas por administraciones distintas (autonómica, estatal o europea). El Gobierno pretende evitar "retrasos e inconvenientes entre la administración y los ciudadanos". También aboga por compatibilizar la "protección y conservación plenas con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos".

La opinión de las organizaciones ecologistas es que lo realmente necesario es que se cumpla la normativa existente, "ampliamente incumplida por muchas administraciones, en especial las comunidades autónomas", aseguran Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF en un comunicado.

La supuesta simplificación anunciada en cuanto a que sobre un mismo espacio recaigan diferentes figuras de protección es difícilmente viable por cuanto no todos esos espacios tienen el mismo perímetro.

No ha sido en esta ocasión, pero en sectores del medio ambiente se espera que en breve el Gobierno legisle para abreviar los procedicimiento actuales de declaración de impacto ambiental, pues tanto el ministro Cañete como el secretario de Estado de Medio Ambiente han hablado desde su llegada al cargo de agilizar trámites y conseguir que la conservación no frene la actividad económica. En los ambientes conservacionistas se teme que el Gobierno relaje las normas de protección ambiental.

Adiós al sistema de retorno de casco

Respecto a los residuos, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que ataja el desarrollo de los sistemas de retornos de envases en boga en países del norte de Europa y que estaban siendo promovidos en España por colectivos como Retorna. Los Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) se establecerán a partir de ahora "en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada".

En la práctica, supone cortar de raíz la posibilidad de que en España se vuelva al sistema de "devolución del casco", que según estudios económicos ha mostrado ser más eficiente y barato en países como Alemania que el actual sistema integrado de gestión del cubo amarillo. Para Domingo Jiménez Beltrán, portavoz de Retorna, el Ejecutivo legisla "contra los ciudadanos, el medio ambiente y el interés general y a favor de los grandes envasadores y distribuidores".

"Esta nueva barrera a los SDDR significa un retroceso de 20 años" aseguran las principales organizaciones ecologistas, que dicen que se renuncia a ahorrar dinero público y a crear puestos de trabajo. "En vez de imposibilitar la implantación de un SDDR, el Gobierno debe fomentar pruebas piloto para comprobar su viabilidad técnica y económica", afirman Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF .

Derechos de emisión de CO2

Por último, el Consejo de Ministros también reforma la Ley del Mercado de Valores para adaptar la normativa española a la europea y permitirá así el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.

Con esta adaptación normativa el Gobierno impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera competitiva e igualitaria con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.

Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La Unión Europea, en su conjunto, subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones, indica el Gobierno.

Protestas de los ecologistas

Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, las cinco principales organizaciones ecologistas españolas, las medidas anunciadas ayer por el Gobierno van por el mal camino.

"Las organizaciones ecologistas de ámbito estatal rechazan frontalmente esta manera de proceder para legislar sobre asuntos ambientales. En efecto, incumple la normativa relativa al acceso a la información y participación pública así como las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, al haberse tramitado el real decreto Ley por el Ministerio en el más absoluto secretismo, contradiciendo las reiteradas declaraciones del ministro Arias Cañete sobre su voluntad de apertura y diálogo con todas las partes interesadas. El alcance de las modificaciones introducidas requería cumplir con todos los mecanismos de participación pública establecidos. Por otro lado, la urgencia no se justifica por el carácter de las medidas aprobadas", afirman los ecologistas en un comunicado.

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