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30/12/2011

El controversial proyecto de ley de reforma tributaria impulsado por el gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, centró este año la atención en el campo económico. La esperanza del gobierno de Chinchilla de tener aprobado el proyecto para este mes de diciembre se desvaneció en un contexto conflictivo en el cual el poder Judicial ha tenido, recientemente, decisiva incidencia. El parlamento está debatiendo la tercera versión del proyecto de ley que le presentó el poder Ejecutivo, para neutralizar el déficit fiscal de 5.0 por ciento del PIB previsto para este año, según han explicado autoridades gubernamentales, incluida la presidenta. Se trata de 500 mil millones de colones (unos mil millones de dólares), de acuerdo con lo señalado por el gobierno. La oposición, de partidos políticos y de otros sectores de la sociedad civil costarricenses –incluidos el empresarial y el sindical-, llevaron a modificar el inicial Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria –nombre oficial de la iniciativa-. Siendo la sindical la oposición más notoria, miles de trabajadores afiliados a sindicatos estatales –los únicos que existen en Costa Rica- llevaron a cabo este año dos manifestaciones pacíficas en oposición al proyecto, respectivamente en marzo y en diciembre. Los sindicatos objetan de la iniciativa lo que consideran como el peligro de una mayor carga impositiva sobre la clase trabajadora de esta nación centroamericana y la ausencia de mecanismos para impedir la evasión por parte de los sectores que deben tributar más. Por su parte, el sector empresarial viene expresando temor de que impuestos tales como el de 15 por ciento proyectado para las empresas de régimen de Zona Franca que se instalen en este país a partir de 2015 ahuyente la inversión extranjera que el gobierno está buscando. La tercera redacción de la iniciativa incluye puntos que propuso el centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC) –la primera fuerza de oposición-, aceptados por el gobierno. Entre los puntos incorporados al proyecto figuran impuestos, respectivamente, de 2.0 por ciento a la educación y a la salud privadas, y de 20 por ciento a salarios mensuales a partir de cuatro millones de colones (unos ocho mil dólares). Asimismo, incorpora un impuesto –cuyo monto no se ha definido- a vehículos de lujo, y las figuras tributarias de renta global y renta mundial. La renta global comprende todos los ingresos recibidos, a los cuales, sumados, se aplica el impuesto sobre la renta. La renta mundial incluye las ganancias generadas dentro y fuera de Costa Rica, sumadas, para aplicar, también, el impuesto sobre la renta. En coincidencia con sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil costarricense, el actual jefe de la fracción parlamentaria del ex gobernante Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Fishman, sostiene que no es necesario crear nuevos impuestos. Lo que es necesario es recaudar correctamente los existentes, además de hacer uso de los excedentes presupuestarios que anualmente presentan ministerios y otras instituciones estatales, según Fishman, un ex ministro de Seguridad y ex candidato presidencial por el PUSC. El gobierno responde que hace esfuerzos por recaudar más, y que algunos excedentes de presupuestos son necesarios para gastos imprevistos. Fishman llevó su firme oposición hasta la Sala Constitucional –Sala IV- de la Corte Suprema de Justicia. El diputado presentó, a la Sala IV un recurso de inconstitucionalidad contra el procedimiento parlamentario de vía rápida aplicado, en la iniciativa tributaria, y a un fallo anterior del mismo tribunal avalando ese trámite legislativo. La Asamblea Legislativa (parlamento unicameral) aprobó, el 27 de septiembre, la aplicación del trámite de vía rápida al proyecto, que pasó entonces a una Comisión Especial, creada también ese día, encargada de estudiar la iniciativa. La vía rápida abrevia el tiempo de debate. La Sala IV informó, el 15 de diciembre, que acogió el recurso de inconstitucionalidad que Fishman le presentó, lo que determinó, en este caso, la suspensión de la votación definitiva, en el segundo de los dos obligatorios debates en la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional tomó la decisión luego de su fallo del 27 de septiembre de este año, en el que estableció como correcto el trámite acelerado para el proyecto. La presidenta de la Sala IV, Virginia Calzada, dijo, el 21 de diciembre a medios informativos locales que el fallo del tribunal sería emitido dentro de un año o un año y medio. El mismo día, en conferencia de prensa, Chinchilla planteó la necesidad de evitar que la crisis fiscal que afecta a este país se convierta en una crisis económica y, por lo tanto, social. El gobierno se ha esforzado en ese sentido, y es posible, aun, lograr ese objetivo, expresó Chinchilla. A medida que pase el tiempo sin la concreción de acciones tales como la aprobación parlamentaria de la reforma tributaria que impulsa el gobierno, se corre el riesgo de que la situación fiscal contamine al resto de la economía nacional, advirtió. A raíz del trámite en la Sala IV, los diputados optaron por entrar en receso navideño y de año nuevo, desde el 23 de diciembre hasta el 16 de enero próximo.

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