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10/01/2020

Más que consumar la indecencia de nombrarla ministra, a Yolanda Díaz ha de exigírsele las explicaciones pertinentes por los actos de pedofilia cometidos desde Izquierda Unida (IU) siendo ella la máxima dirigente del partido, y por tanto, la directa responsable política de tan detestables hechos

Por el obscurantismo y la carencia de ética que acompaña su historial político, el nombramiento de Yolanda Díaz como Ministra no solo es inadecuado sino totalmente funesto e irresponsable, habida cuenta que su vínculo protector con el pedófilo de IU detenido en el 2016 en el Parlamento de Galicia, sigue lastrando su denostada integridad y situándola como referente subsidiario de las acciones legales, que ahora transcurrido el tiempo, puedan emprender las víctimas de los truculentos abusos sexuales perpetrados por su apadrinado.

A nadie debe pasarle inadvertido que en el período 2009 – 2016 la ahora postulada a Ministra, era la Coordinadora General de Izquierda Unida (IU) en Galicia, es decir, la máxima autoridad de su organización en la comunidad ; etapa coincidente con la probada perversión sexual de su protegido, habiendo de añadir a ello para mayor complejidad que para la comisión de tan depravado delito fueron utilizadas en todo momento como herramientas de transmisión, equipos informáticos cuya pertenencia y titularidad era exclusiva de la formación política de referencia.

Sobra decir que en ese marco de concurrencias todo intento de deserción política es una actitud ruín, por cuanto ante un asunto de tamaña gravedad tal reacción no pasa de ser una renuncia contrapuesta con la condición dirigente que ostenta y mal puede ejercer funciones de liderazgo quien opta por tomar distanciamiento con los problemas que debe afrontar, siendo de referir al respecto que hasta la fecha la Ministrable se negó en todo momento a dar explicación sobre el aberrante proceder de su cobijado pedófilo.

Un hecho marcadamente nocivo para su marca personal que deriva en un contagio extremadamente tóxico al ámbito del progresismo de izquierdas, cuando a pesar de la complejidad de su conducta, desde sus filas promueven su participar en el órgano de Gobernanza del Estado aún sabiendo los altos riesgos que su incorporación entrañaba.

La pornografía infantil vía internet es el lado siniestro del avance tecnológico, cuya masificación y velocidad facilita que el abominable delito de las prácticas pedófilas se multiplique, sin que su dimensión pueda neutralizarse en tanto no se cercena el impedimento que representa el poder en cubierto que protege su difusión y la actitud de unos miembros de la clase política sin entrañas que condescienden con su silencio cómplice con los autores de tan execrables prácticas.

En este último encaje es donde se ha de situar a la Ministrable, pues está fehacientemente probado que siendo ya coordinadora general del Partido fue advertida de la deriva pedófila de su asesor en la sede de Izquierda Unida en Ferrol, a la que no solo hizo caso omiso sino que optó por la expulsión militante de los denunciantes, promocionando al acusado a niveles de mayor rango, hasta que en su nuevo destino en el Parlamento Ggallego fue detenido siete años después por miembros de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía por seguir incurriendo en idénticas prácticas, y eso ocurrió cuando además de diputada protectora seguía ostentando el máximo rango de su partido en la Comunidad.

Por su lastre político, el nombramiento de Yolanda Díaz es una decisión de alto riesgo para el buen nombre y prestigio del Ejecutivo, como también un descrédito para el progresismo

Consecuencia de esa conducta de perversa reciprocidad se consumó un delito continuado contra víctimas inocentes, una violación repetida de los derechos de la infancia, que en modo alguno se extingue utilizándola maniobra del silencio como respuesta, pues tal dinámica delata mucho más que la palabra; pero en su juego de despiste y promoción personal la señora Díaz parece no entender que en lo tocante a la responsabilidad política, no existe la presunción de inocencia que rige en el ámbito penal, pues lo que rige en su caso es la presunción de culpabilidad, y eso es así por más que para escabullirse se resista a asumir su implicación política en tan depravados hechos.

Fruto de su moral despistada, en su interesada cerrazón, simula no entender que la responsabilidad política no se lava con las elecciones ni se blanquea con inmerecidos nombramientos, al igual que no se extinguen las responsabilidades derivadas.

Y es ahí donde reside la verdadera complicación de su nombramiento como Ministra así como sus efectos colaterales, por cuanto desde el punto de vista político, la relación de causalidad con los hechos es evidente, y tal circunstancia, sumada a la titularidad de los equipos informáticos empleados en el delito y su rango de máxima dirigente política en el transcurso de la iterada consumación del mismo, le sitúa como pieza a cobrar en la mas que probable denuncia ante los tribunales que por delito sexual contra menores interpongan los directos afectados por las malas artes de su escoltado y pedófilo camarada de partido.

De ahí lo contraproducente de nombrar como ministra a una persona cuyo lastre político es a todas luces un factor de alto riesgo para el buen nombre y prestigio del Ejecutivo, de igual modo que un descrédito para el progresismo de izquierdas.

Quien verdaderamente se juega el futuro político con esta arriesgada apuesta no es su pertinaz patrocinador Pablo Iglesias, sino el Presidente Pedro Sánchez, quien a la vista del cuestionado nivel moral del personaje malos augurio se vislumbran para su reputación.

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