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24/10/2013 0

image El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajará este jueves al Consejo Europeo de Bruselas con un paquete de propuestas bajo el brazo sobre cómo podrían abordar los Veintiocho la "presión migratoria" en el Mediterráneo y evitar tragedias como los recientes naufragios frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Rajoy ha decidido tomar la iniciativa en esta materia desde el convencimiento de que "el conjunto de la UE" tiene que asumir el "esfuerzo" e implicarse en el apoyo "político, operativo y financiero" a los países que hacen de frontera con el sur de Europa. Su propuesta se ha concretado en un documento que ya se ha enviado a Bruselas, Berlín, Roma y París.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado personalmente sus propuestas al primer ministro de Italia, Enrico Letta, que también pidió que la tragedia de Lampedusa, en la que murieron unos 400 inmigrantes, se incluyese en la agenda de este Consejo Europeo.

Además, el Ejecutivo ha mantenido contactos con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y con los gobiernos de Alemania y Francia. Su objetivo es que en este Consejo Europeo se aborde esta cuestión y se tomen acciones concretas en el Consejo del próximo diciembre, en lugar de aplazar el debate a junio de 2014.

El convencimiento del Gobierno de Mariano Rajoy es que "una respuesta eficaz" a este problema requiere de la implicación de todos los Estados miembros, aunque "principalmente" de los que hacen de frontera exterior de la UE; de los países que son origen o tránsito de los flujos migratorios irregulares y de las instituciones y agencias de la UE.

Por ello, el Ejecutivo ha preparado una batería de medidas, que afecta a estos tres actores, que son las que ha dado a conocer ya en Bruselas, Roma, París y Berlín, y que quiere que discutan el resto de Estados miembros.

"MEDIOS PRESUPUESTARIOS ESPECÍFICOS"

En su propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno parte de la base de que una "medida imprescindible" para "conseguir resultados" es asignar a esta tarea "medios presupuestarios específicos", con cargo al Marco Financiero Plurianual". España defenderá que el control de las fronteras exteriores "es un esfuerzo que debe ser compartido por el conjunto de la UE".

En segundo lugar, la iniciativa española defiende la puesta en marcha de programas a corto, medio y largo plazo de ayuda "directa, formativa y logística" con los países desde los que parten esos flujos migratorios a Europa. El objetivo fundamental de este "apoyo y cooperación" de la UE es que estos países "puedan gestionar sus extensas y permeables fronteras de manera eficaz".

España cuenta con experiencia reconocida en esta materia, ya que, después de la que se conoce como la 'crisis de los cayucos' en 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha programas de cooperación y colaboración policial con los países de origen que han tenido muy buenos resultado.

LA PREVENCIÓN, LA CLAVE

El Gobierno quiere convencer ahora a la UE de que la prevención en origen "es clave" en la lucha contra la inmigración irregular y, por eso, defiende la necesidad de crear mecanismos de cooperación eficaces que permitan luchar contra las redes de tráfico de seres humanos e impedir que los inmigrantes "sean puestos en peligro por los traficantes".

Se trata, además, de ayudar a reforzar sus fronteras con sus propias fuerzas de seguridad y evitar, con el patrullaje terrestre en las costas, que salgan embarcaciones con inmigrantes irregulares. También aboga por establecer mecanismos de interceptación marítima cerca de la costa de estos países que permitan "el retorno con plena seguridad de las víctimas de este tráfico al lugar de partida más cercano y seguro.

Además, pretende fomentar la cooperación de estos países organizaciones internacionales para "facilitar el retorno a sus países de origen" y sellar nuevos 'partenariados de movilidad' y 'acuerdos de readmisión' con los países de origen y tránsito y mantener un "intenso diálogo con ellos.

Todas estas medidas deben completarse, a juicio del Gobierno, con una cooperación "regional, trasversal y multidisciplinar", apoyada en "varios programas e instrumentos de financiación", en el que ejecutar programas y acciones "a favor del desarrollo económico y social de los países de origen y tránsito".

Finalmente, el Gobierno pone también el acento en una tercera pata en esta lucha: las instituciones y agencias de la UE. A corto plazo, apuesta por que la agencia FRONTEX de control de fronteras sea cada vez "más activa, se refuercen y amplíen sus capacidades actuales" e incremente su financiación para que sus actuaciones sean "más duraderas y eficaces".

Y con el objetivo de proteger vidas humanas, aboga por un "enfoque realista" que parte de que hay que "evitar que las operaciones de FRONTEX se conviertan únicamente en instrumentos de salvamento y rescate", porque esto está fuera de su mandato, pero también porque "provocaría un probable efecto llamada y desestabilizaría los esfuerzos de países de origen y tránsito".

Así, y para combatir este riesgo, defiende que se diseñe una estrategia que permita "la participación directa de estos países en las tareas de control y vigilancia fronteriza". En concreto, propone buscar acuerdos que permitan el patrullaje conjunto en las operaciones marítimas de FRONTEX, la creación de equipos de investigación policial sobre el terreno y la formación de las fuerzas de seguridad de estos países en funciones de control y vigilancia fronteriza.

Además, anima a estudiar las posibilidades de que la UE preste asistencia técnica y material a los países para los retornos, insta a incrementar la coordinación entre FRONTEX y las agencias EUROPOL y EASO y defiende la necesidad de que comience a trabajar ya el proyecto SEAHORSE firmado recientemente entre los países del Mediterráneo, concretamente, España, Francia, Italia, Malta, Portugal, Chipre, Grecia y Libia, al que pide que se sumen Túnez, Argelia y Egipto.

Mientras tanto, el Gobierno considera que la "primera medida" debe ser reunir la 'Task Force' propuesta por Italia y aceptada por la Comisión Europea. Servirá, sostiene el Gobierno, para "identificar de forma inmediata las acciones e instrumentos más eficaces que los diversos actores pueden emplear para abordar las crisis migratorias", una cuestión que debe ser "una verdadera prioridad" para la UE.

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