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image El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado continuar el juicio que se sigue contra el juez Elpidio José Silva por el 'caso Blesa' y ha apercibido a su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, por su "injustificada" renuncia, que incurre en una falta disciplinaria y puede llegar a ser un delito de deslealtad profesional con pena de inhabilitación.

Los magistrados Arturo Beltrán, María Tardón y Eduardo Urbano han entendido que "subyace" en esa renuncia la intención de retrasar la vista, por lo que han apercibido al abogado y han añadido que su conducta puede incurrir en una infracción disciplinaria sancionable con una multa "equiparable a la más alta de las previstas para las faltas". Y puede tener "responsabilidad disciplinaria" ante su propio Colegio de Abogados e incluso en un delito del 467.2 del Código Penal.

El fiscal Manuel Moix ha destacado que su conducta puede tener encaje en el artículo 467.2 del Código Penal, que castiga al abogado que "por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años".

El abogado defensor ha dicho sentirse "coaccionado" por este "ataque completamente inaceptable a su libertad y la amenaza de acciones legales" y ha conminado a escuchar el parecer de su cliente para saber si sigue contando con su confianza.

"La última palabra la tiene este tribunal, no Silva. Usted no suspende el juicio, el juicio se suspende de acuerdo a las normas", ha espetado el presidente del tribunal, el magistrado Arturo Beltrán, ante las interrupciones del acusado.

Pese a ello, el cabeza de lista del Movimiento Red para las europeas ha tenido tiempo de decir que no se siente representado por su letrado. "Le apercibo de que se calle. Es irrelevante su voluntad, es fraudulenta", ha proseguido el magistrado, tras recordar que el acusado no puede dirigir el desarrollo del juicio.

"ESTO NO ES UN TEATRO"

Acto seguido, Conde-Pumpido ha pedido un receso porque no había tenido tiempo para preparar la defensa del día de hoy. El fiscal, apoyado por las acusaciones, han manifestado que no se oponen al descanso siempre que sirva para asesorar a su representado y no para ofrecer una "rueda de prensa".

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El presidente del tribunal ha pedido "cuidar las formas porque no es un teatro" y ha dado 45 minutos de descanso, eso sí, dentro de la Sala. Los magistrados han tomado esta decisión después de que Silva pidiera en la primera sesión del juicio un descanso y lo aprovechara para hacer declaraciones a los medios de comunicación.

La segunda sesión del juicio ha comenzado este martes con la negativa del tribunal a aceptar la renuncia que planteó a última hora del lunes Conde-Pumpido en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que obliga a no acoger las fraudulentas, las realizadas de mala fe y las que no están objetiva y plenamente justificadas.

"El tribunal no sabe las expectativas que tenía el abogado pero sabe una cosa, que un altísimo porcentaje de sus cuestiones previas han sido rechazadas. Un porcentaje superior al 99 por ciento. Así que, o no eran razonables esas expectativas o no existieron como tales sino como mera posibilidad remota", ha afirmado Beltrán sobre el argumento esgrimido por la defensa, que dijo que renunciaba porque no había cumplido sus expectativas.

Al inicio de la vista, el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha destacado que el fuero no es renunciable y el único tribunal competente para juzgar a togados es el Tribunal Superior. "Nos parece imposible declinar una jurisdicción que tenemos", ha remachado.

Se ha mostrado dispuesto a dar lectura de correos electrónicos corporativos del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa siempre que sean concretos y estén relacionados con los hechos investigados. Asimismo, ha indicado que la conformación del tribunal "fue una gran preocupación" pero finalmente se ha logrado uno con magistrados que no han intervenido en fase de instrucción, al tiempo que ha rechazado la personación de la compañía aseguradora Zurich, encargada de afrontar la responsabilidad civil en algunos casos de los jueces.

El fiscal Manuel Moix pide para él una pena de 30 años de inhabilitación para trabajar en la Administración de Justicia por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El ex banquero solicita que sea apartado durante 40 años y Díaz Ferrán que sea condenado a 24 años de inhabilitación especial.

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