Las empresas certificadoras, como la alemana TÜV, encargada de supervisar las prótesis mamarias PIP, deben adoptar las "medidas necesarias" cuando tengan indicios de que los productos no cumplen con los criterios de calidad necesarios, estimó este jueves la justicia europea.

"Cuando existan indicios que sugieran que un producto sanitario puede no ajustarse a los requisitos de la directiva" europea, "dicho organismo deberá adoptar todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones", indicó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El alto tribunal responde así a una cuestión planteada por la justicia alemana, que debe pronunciarse sobre la solicitud de indemnización a TÜV por parte de una víctima de las prótesis mamarias fraudulentas de la empresa francesa PIP.

Este escándalo saltó a la luz pública en marzo de 2010, cuando se supo que la empresa utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico en vez del gel Nusil autorizado, que declaraba emplear. Muchas de estas prótesis mamarias fueron vendidas en América Latina.

Al declararse insolvente la empresa francesa, la demandante alemana, que se retiró las prótesis en 2010, pide a TÜV una indemnización de 40.000 euros por el daño moral sufrido y alega que si la empresa alemana hubiera comprobado los albaranes habría constatado el uso de silicona no autorizada, explica en un comunicado el TJUE.

La justicia europea considera que un organismo como TÜV "no está obligado con carácter general a realizar inspecciones sin previo aviso, a examinar los productos ni a comprobar la documentación comercial del fabricante", pero sí "cuando existan indicios" de incumplimiento.

La empresa de control alemana saludó en un comunicado la opinión de la justicia europea, que, a su juicio, confirma su posición "en el caso PIP ". "El fraude de PIP no era detectable [por TÜV] y no habría podido detectarse con los medios que la regulación otorga a los organismos notificados de derecho privado", subraya.

Esta empresa alemana fue condenada en enero por un tribunal francés a indemnizar con 60 millones de euros a 22.000 demandantes, en su mayoría latinoamericanas, ya que no verificó "la adecuación entre la adquisición de los diversos componentes necesarios y la fabricación de los implantes mamarios".