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La ConstituciÓn Como Contrato Social

06/12/2014 13:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Llega un año más y celebramos otro aniversario de la Constitución Española, que hizo posible un acuerdo consensual entre los actores políticos de la época para hacer un tránsito pacífico entre la dictadura franquista y la nueva democracia. Algo que tuvo un gran valor político por lo el logro que supuso en un marco de paz, que todos pretendían, pero casi nadie podía asegurar, pues aún estaban los dramáticos recuerdos de la confrontación civil presentes. De manera que, hay que reconocer objetivamente las cosas, el consenso constitucional supuso rectificar el rumbo político, que durante cuatro décadas vino marcado por los vencedores en la Guerra Civil que se habían impuesto por la razón de la fuerza, no por la fuerza de la razón, habiendo incriminado a toda la oposición política en una causa general contra la disidencia del régimen franquista, que fue evolucionando en su interior desde las posiciones fascistas más rigurosas del falangismo y el tradicionalismo monárquico carlista, hasta la apertura tecnocrática y teocrática nacional-católica de los años cincuenta para acercarse al Occidente liberal triunfante en la II Guerra Mundial, que empezaba a generar el bloque político militar del Oeste en el marco de la nueva Guerra Fría. Por consiguiente, el probabilismo del sector del régimen más avanzado, conocedor de la imposible sucesión de un franquismo sin Franco ?pese a la domesticación de la sociedad civil española, y de los estamentos políticos subyacentes-, dieron paso a que la reinstaurada monarquía se distanciara de su origen reinstauracional franquista, para asumir una democracia liberal de porte europeo. Pero lo difícil era convencer al establishment franquista que se suicidara políticamente sin condiciones, al tiempo que convencer a la izquierda en el exilio a colaborar con una nueva saga reformista de la política española para traer una democracia coronada, en progresiva mutación desde la dictadura franquista y el desmantelamiento de todo su aparato político-militar. En esas condiciones, no se podía pedir el mayor de los éxitos, pues éste inexorablemente se habría de traducir en el acuerdo que fuera posible, en un consenso de supervivencia, acaso un consenso de mínimos que ?desde la mutua desconfianza- se fue tejiendo entre los distintos actores políticos de la transición, y así se fraguó la vigente Constitución española de 1978, que por otra parte, ha propiciado uno de los procesos de paz y concordia más largos de la historia constitucional española, aunque no ha logrado ser aceptada en su totalidad como la solución de convivencia permanente, como el contrato social que nos una a todos los españoles. Hay que reconocer que, más allá de algunos detalles, no menores, como la igualdad de sexo en el ámbito de la corona en orden al llamamiento en la línea de sucesión hay que reformarla, como también habrá que rediseñar de forma efectiva una auténtica división de los poderes del Estado ?que aparentemente lo están, pero en la realidad acaban vinculados de forma perniciosa-, como habría que garantizar la denominada "cuestión social" (o sea, el Estado Social, según definición constitucional), que no pasa de ser una mera declaración, que se está viendo burlada con el desmantelamiento del "Estado Social" por vía de apremio de la deuda pública extranjera ?donde por cierto, no ha habido ni empacho ni demora alguna para reformar el texto constitucional en beneficio del aseguramiento del pago de la deuda-. Pues en la medida en que el Estado Social se está desmoronando, se está incumpliendo el pacto social que zanjó constitucionalmente la "cuestión social" que fue una de las que determinaron la confrontación civil entre los españoles. Y de esta manera, se viene a romper un pilar clave del consenso constitucional, sin el cual la izquierda de entonces no habría accedido a otras concesiones a la derecha reformista del régimen franquista en tránsito, como pudiera ser la condición monárquica de la forma de Estado. De igual forma, se cerró en falso otro de los grandes problemas de España, cuál es su vertebración territorial, en un Título VIII manifiestamente mejorable, que ha dado lugar al caos político-administrativo y financiero de una España de Autonomías poco responsable y escasamente solidaria con los intereses generales del País, que lo están llevando al límite de su desmembración territorial, habiendo dado cancha desmesurada ?por bisoñez política- a los nacionalismos desleales vasco y catalán, con los que se ha contado en algunas ocasiones para la conformación ocasional de gobiernos, previo pago de un impagable precio político que ahora está dando su auténtica faz. Situación, ante la cual, difícilmente cabe una marcha atrás de Estado unitario, incluso descentralizado, ya que los intereses de la clase política regional de uno y otro lado del arco político están en juego (Parlamentos y gobiernos regionales, diputaciones provinciales, cabildos insulares, comarcas, etc.). Por cuyo motivo, acaso la salida haya de venir por un nuevo consenso político de negociar un régimen federal que sea cooperativo en sí mismo, o sea con el conjunto del Estado, sin duplicar competencias y reduciendo al máximo el gasto público del aparato político-administrativo territorial.

Por consiguiente, no parece razonable ?a fecha de hoy- cerrarse a cualquier pretensión de reforma coherente y cohesiva de la Constitución, pues dos cuestiones fundamentales de la gobernabilidad de España siguen en juego: la cuestión social y la cuestión territorial. Ambas parece que no se han solucionado con el consenso forzado de la transición, y tal parece que habría que abordar, ya que constituyen el núcleo del contrato social de los españoles, y no se puede mantener a ultranza un contrato desde el disenso, ya que ningún contrato nace con pretensión de eternidad, sino de dar solución a los intereses de las partes contratantes, que en lo público pasa por la reflexión, la negociación pragmática, y el acuerdo más interesante o menos lesivo, de entre los posibles, para los bien público del país. Y ello, antes que el deterioro acabe por pudrir la situación y cerrar cualquier puente de acercamiento, como está empezando a suceder en la "cuestión catalana" (parte de la cuestión territorial), o puede llegar a pasar con la cuestión social, de proseguir el desmantelamiento del "Estado Social", con el incremento de las diferencias sociales que en nuestro país han aumentado a niveles históricos, que nos relegan en ese punto a uno de los últimos países de la UE. Prueba más que evidente que se está incumpliendo en nuestro país el pacto social de la transición, y la soberanía popular puede acabar reclamando sus derechos en la calle y/ o en las urnas.


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Domingo Delgado (215 noticias)
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