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El derecho a decidir de los pueblos es universal y lo comparten Cataluña y Euskadi. ¿Otro 18 de Julio en la mente de Cospedal?

10/07/2017 12:03 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Al anunciar Puigdemont la intención de celebrar el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación, la ministra de defensa Cospedal equiparó ese acto con un golpe de estado y garantizó que el Estado español utilizará todos los medios de los que dispone para impedirlo

La ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha presidido en Barcelona la reunión del Consejo Superior del Ejército (CSE), un órgano con funciones asesoras y consultivas del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor del Ejército. Está compuesto por los trece tenientes generales del Ejército de Tierra en servicio activo más dos generales de división. Está bien apoyada.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Inspección General del Ejército, en el edificio de Capitanía de Barcelona y estará complementada por la visita a la exposición "Ingenieros, soldados y sabios" que actualmente se encuentra en el edificio del Gobierno Militar. El CSE se reúne unas siete veces al año, normalmente en el Palacio de Buenavista de Madrid, sede del Cuartel General del Ejército. Cospedal presidió por primera vez la reunión de este organismo el pasado mes de noviembre.

El inhabitual encuentro en Barcelona (hace dieciséis años de la última reunión en la capital catalana, en 2001), llega a los pocos días del anuncio por parte del Govern de celebrar con fecha 1 de octubre un referéndum de autodeterminación. Días antes de este anuncio, la misma ministra equiparó la voluntad de llevar adelante la votación con un intento de golpe de estado, al tiempo que garantizó que el Estado utilizará todos los medios de los que dispone para impedirlo.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha cargado además contra el Govern catalán por "saltarse la ley" e instalar una "dictadura".

La Ministra ha hecho esta denuncia en un acto con las Nuevas Generaciones celebrado en Madrid. “Hoy hay un Gobierno, el de la Generalitat de Cataluña, que se salta la ley y hace falta responsabilidad para estar unidos frente a ese intento de saltar la ley constante, y de creerse por encima de la ley, que así es como se da fin a una democracia y se empieza con la dictadura, de cualquier tipo, ya sea una dictadura independentista, de radicalidad, de izquierdas, de derechas, lo que sea. Así es como se empieza a perder la democracia, con aquellos que se creen que están por encima de la ley y que son mejores que los demás”, ha manifestado.

Y los catalanes por el contrario acusan a Cospedal y allegados de un golpe de estado estilo machista. Sólo que no será un 18 de julio como en 1936, ni ella se ha puesto casco.

"Lo que hizo y lo que está haciendo desde hace mucho tiempo el señor Puigdemont y el Govern de la Generalitat”, acusa la ministra de defensa, “es amenazar constantemente al Estado Central y decir que pondrá fin al Estado que tenemos hoy”. “Si estuviéramos en otro país, en otras circunstancias y si no estuviéramos hablando de políticos, estaríamos hablando de un intento de golpe de estado o de una amenaza de golpe de estado", aseguró Cospedal el pasado 23 de mayo en una entrevista en Onda Cero.

El Consejo Superior del Ejército de Tierra, así como sus homólogos en la Armada y el Ejército del Aire, está regulado por el decreto 47/2004, que lo define como "órgano colegiado asesor y consultivo del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor del Ejército".

Está compuesto por el ministro de Defensa, que ejerce la presidencia; el JEME; los generales jefe de la Fuerza de Maniobra, de la Fuerza Terrestre y de la Fuerza Logística Operativa; los tenientes generales jefe de los Mandos de Apoyo a la Fuerza; todos los tenientes generales en situación de servicio activo; y los mandos generales de Ceuta y Melilla, además del segundo jefe del Estado Mayor, que ejerce de secretario. La ministra Cospedal no está sola.

Maria Dolores de Cospedal acusa al independentismo de golpista, es un argumento recurrente del actual Gobierno español en manos del Partido Popular, que hace suya la idea de repetir mil veces una mentira hasta que ésta se convierta en verdad. O usar la fórmula nazi: miente que algo queda. Lo han hecho repetidamente varios miembros del ejecutivo de Mariano Rajoy y es muy significativo que lo haga ahora la ministra de Defensa, quien añade a sus declaraciones por radio que está dispuesta a usar todos los medios de que dispone “por tierra, mar y aire”.

 La repetición de una mentira fue un método que usó Goebbels (él lo inventó y se lo pasó a Hitler), pero al no monopolizarlo lo han utilizado los aprendices posteriores, sin excepciones, incluido el gobierno de Madrid.

Acusar a los adversarios políticos de golpistas no es ninguna novedad tampoco en el PP, ya que el lejano 1977, tras la muerte del Generalísimo, su entonces alter ego, Manuel Fraga Iribarne (secretario general de Alianza Popular -luego PP-), el mismo señor que, según La Razón podría haber ganado unas elecciones legislativas de entonces, ya consideraba como golpe de estado la legalización del PCE de España. Por cierto, que él consiguió formar parte de la legalidad democrática antes que otros, como Esquerra Republicana de Catalunya, que todavía era ilegal en las primeras elecciones democráticas post-dictadura fascista de las que se han conmemorado los cuarenta años.

De hecho, Fraga -que fue ministro de Información y Turismo de Franco y posteriormente corredactor de la Constitución Española-, defendía que la legalización de las organizaciones políticas no se podía aplicar a los partidos "comunistas, separatistas y terroristas", metidos todos en el mismo saco.

Pero, Fraga no fue el único precedente de esta línea argumental del PP de acusar de golpistas a los adversarios políticos. En fecha más reciente, en el 2011 y con ocasión de las movilizaciones de indignados conocidas como el 15-M, la entonces presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideraba que los acampados en varias plazas como la de Catalunya en Barcelona o la Puerta del Sol de Madrid, eran "camorristas" que defendían un "principio de democracia directa" tras el cual "se puede esconder un golpe de estado".

Las acusaciones de la ministra de defensa Cospedal de " golpe de estado" contra Puigdemont ocupan las portadas de todos los medios

Con estos precedentes se entiende mejor el argumentario de post-verdad a que se han entregado el Partido Popular y Cospedal que consigue resonancia en varios medios, que recientemente han instado al ejército a actuar por su cuenta si el Gobierno español no suspende la autonomía catalana. 

Precisamente por eso, y en coincidencia con las primeras elecciones democráticas desde 1936, cuando un golpe de estado acabó con la democracia, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha querido recordar estos precedentes. "La legalización del PCE fue un golpe de estado. Después lo fue el 15-M. Ahora lo es el proceso catalán. Los mismos diciendo lo mismo", ha afirmado Puigdemont vía twitter.

El presidente de la Generalitat ha reivindicado la función del Consejo de Garantías Estatutarias y la vigencia del Estado de derecho frente a lo que ha definido como las "cloacas" del poder que pretenden acabar con la vigencia de la ley. Puigdemont ha reclamado el respeto a la legalidad y ha añadido también que ésta se ha de ir adaptando a los nuevos tiempos.

"A lo que decidan los ciudadanos", ha dicho textualmente, en lo que se ha interpretado como una justificación de la estrategia secesionista de la Generalitat ante el deseo independentista de buena parte de la población catalana.

El president ha resaltado que "la mayoría" de los dictámenes que emite el Consejo de Garantías son tenidos en cuenta por el Parlament.

Puigdemont ha realizado muchas consideraciones en el acto de toma de posesión de Margarita Gil como integrante del Consejo de Garantías Estatutarias en sustitución del catedrático de Derecho Constitucional Eliseo Aja. Gil, que hasta ahora era la directora del gabinete jurídico de la Generalitat y que es esposa del consejero de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha sido designada y cubre una de las tres plazas de consejeros cuyo mandato está caducado desde hace meses.

Las otras dos plazas y otra que quedó vacante han de cubrirse por decisión del Parlament de Cataluña, que hasta ahora no se pone de acuerdo para el relevo. Precisamente el presidente en funciones del Consejo de Garantías, Joan Egea, ha apremiado a los grupos políticos a que hagan efectiva la renovación y ha reivindicado la importancia de este organismo frente al poder político.

 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantuvo en días pasados en Barcelona su primer encuentro formal, en el que abordaron la necesidad de constituir un nuevo modelo territorial del Estado que reconozca “su realidad plurinacional”. Durante la reunión, el presidente vasco mostró su “respeto” al desafío soberanista iniciado por las instituciones catalanas con la convocatoria unilateral de un referéndum por la independencia para el próximo 1 de octubre, si bien incidió en la necesidad de apostar por el “diálogo” para conseguir una “solución política”.

El encuentro fue anunciado por Urkullu en el Parlamento Vasco durante el pleno de control en respuesta a una interpelación formulada por EH Bildu para conocer las intenciones del Gobierno vasco en relación con la “nueva situación que se va a crear en Cataluña en los próximos meses” con el referéndum soberanista como fondo.

La reunión fue organizado con motivo de la presencia del lehendakari en Barcelona para asistir al homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor, cuando se cumplen 30 años de la que fue la mayor matanza perpetrada por ETA, con 21 muertos.

Urkullu ha afirmado que mira “con cautela y respeto” el proceso catalán, si bien ha rechazado “especular” con las posibles consecuencias de la consulta y su resultado ya que se trata de “hipótesis”. En todo caso, el presidente vasco ha vuelto  a insistir en la vía de la “bilateralidad” con el Gobierno español. En este sentido, ha advertido de que “cualquier solución vendrá desde el diálogo”. Por ello, trasladó al president Puigdemont la necesidad de apostar por el diálogo “antes y después”.

Pero Urkullu se ha reafirmado en la hoja de ruta marcada desde Ajuria Enea que pretende la “renovación pactada de nuestro estatus” y que deberá estar basada en “el reconocimiento” del autogobierno vasco y de la realidad plurinacional del Estado. "Es lo que ofrezco, lo que deseo a Cataluña, una bilateralidad efectiva”, ha señalado, convencido de que “esto sería también beneficioso para Cataluña”. 

Las relaciones entre Euskalerria y Cataluña vienen de muy atrás, cuando el primer lehendakari José Antonio Aguirre tuvo una sólida amistad en tiempos de la guerra del 36 con el president de la Generalitat Lluís Companys. Trás exiliarse  el lehendakari a Cataluña, ambos fueron juntos al exilio y cruzaron la frontera francesa en 1938 al sonar la hora de la derrota republicana en manos de las fuerzas franquistas. 

 

 

 


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