De la actual Ley de Leyes, se nos cuenta que fue redactada con la finalidad de hacer de ella la herramienta de estructuración jurídica del Estado, un relato que difiere en lo sustancial de la realidad, toda vez que el verdadero objetivo de la Constitución del 78 como hija bastarda de la dictadura, fue la restauración de la monarquía, al tiempo de mantener intactas decisivas estructuras del franquismo con el propósito de blindar cómo intocables al sector financiero y la élite empresarial, como también la impunidad y el olvido para los crímenes del anterior régimen.

Y todo orquestado desde el exclusivismo de unas formaciones políticas concretas, con total exclusión participativa de una ciudadanía a la que no solo se situó al margen de toda intervención, sino que fue tratada como si de un colectivo perturbador se hubiera tratado.

Y de aquellos mimbres estos cestos, no pudiendo producirse por tanto otro resultado que una Carta Magna de inútil funcionalidad para el interés general, que con todo, proporcionó favorables resultados en los intereses de los autores intelectuales de la misma, es decir, de los dos partidos políticos que en alternancia vinieron conformando el avolengo del poder, a través de prácticas constituyentes poco ortodoxas que dieron al trasto con el principio fundamental que debe preservar todo marco constitucional que se precie, colando así en su contexto una versión adulterada y aleatoria de la separación de poder, para de esa forma, ejercer libremente la colonización bipartidista del régimen, aún y cuando tal desatino restó eficacia a su contenido a la vez de generar degradación en el funcionamiento de las instituciones y por derivación en la marcha del sistema, cuyas consecuencias repercutidas, no fueron otras que la proliferación de la corrupción y la total ausencia de democracia representativa.

Eso es la causa de que la actual Constitución sea un todo inservible, por pésima, obsoleta y inoperante, y por tanto, razón sobrada para desecharla y afrontar un Nuevo Proceso Constituyente que permita iniciar en el país una etapa de auténtica democracia, más allá del esperpento que llevamos padeciendo por imperativo de la ralea política dominante, para así, desde un vuelco a la situación poner las instituciones al servicio del pueblo, y con eso, dejar sin efecto el trato preferente otorgado a los intereses de la élite económica, y desde esa premisa, partiendo de la separación efectiva de los tres poderes del Estado, tras el correspondiente debate y participación popular, culminar con la elaboración y ratificación de una Nueva Constitución.

Los que siguen adjudicando carácter de idoneidad al vigente texto constitucional, lo hacen, porque son conscientes que pueden pisarla a su antojo e invocarla a conveniencia

Sabido es que un proceso constituyente difiere en lo sustancial de una reforma constitucional, y no tan sólo en lo referente al alcance y magnitud del cambio, sino especialmente, por el diferente protagonismo que ejercen los ciudadanos entre un y otro escenario, pues mientras en la reforma constitucional su papel se limita a pronunciarse sobre un contenido ya concertado, el proceso constituyente requiere de su función protagonista y de su participación activa, correspondiéndoles a ellos por tanto, decidir quien y como debe cambiar la Constitución, y todo esto remitido al uso de su libertad y su conciencia.

Por tanto, ahora cuando el día 6 de diciembre se cumplen 42 años desde la ratificación en referéndum de la que fue norma suprema del ordenamiento jurídico del país, asumiendo que el paso del tiempo transformó su contenido en el mayor engaño sufrido por el pueblo español en toda su historia, la reacción en primer término no debe presentar duda alguna toda vez que la recondución de la situación pasa inexorablemente porque los ciudadanos optemos por tomar el relevo jerárquico en aras a cambiar la degradante realidad que estamos viviendo, pues o bien decidimos ser los protagonistas del cambio necesario liderando un proceso constituyente, o asumimos como hasta ahora la tutela de una minoría dedicada a defender en preferencia los intereses espurios del séquito pudiente.

Cuando la precariedad generalizada y el malestar colectivo de la ciudadanía deja traslucir el derribo del modelo de Estado, ni cabe espacio para la continuidad ni mucho menos razón argumental para seguir reproduciendo secuencia de lo inservible, y al resultar obvio que en la actual coyuntura la vigencia de la Carta Magna ha agotado su recorrido, se antoja obligado arrancar sin dilación con ese auténtico proceso constituyente que más allá de adecuarse a composturas y ambigüedades, debe cancelar toda conexión con el pasado al efecto de articular sin dependencias ni restricciones un procedimiento que conforme el marco, social, económico y político más igualitario, equitativo y esencialmente democrático.

Pero para alcanzar dicho objetivo, es necesario generar la hegemonía social necesaria, de tal modo, que su desarrollo no quede expuesto a la exclusiva determinación de las mismas organizaciones políticas que con su baja intensidad democrática y notoria exclusión hacia la participación ciudadana, fueron las artífices de consumar el despropósito que representa el vigente texto constitucional, del que siguen defendiendo su idoneidad solo porque pueden pisarla a su antojo e invocarla a conveniencia .

Por tanto, no habrá solución posible mientras no se desactive al régimen del 78 y se complete un nuevo proceso constituyente